Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

El pasado 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 21/2014, de 4 de noviembre por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (LPI).

Los dos caballos de batalla en esta reforma han sido el canon digital y el canon AEDE (Asociación Española de Diarios Españoles) más conocido como tasa Google.

En cuanto al canon digital, este consiste en una compensación equitativa que cubra a los autores el perjuicio ligado a la posibilidad de un usuario de hacer copias privadas de su obra. La crítica a dicho canon provenía, no tanto de su misma existencia como de la forma de calcularlo y liquidarlo de forma que sea proporcional al perjuicio de los autores evitando su pago indiscriminado por quienes no realicen copias privadas.

El TJUE ya se ha pronunciado al respecto: debe evitarse cualquier sistema de liquidación que resulte indiscriminado. Sin embargo, la decisión del Gobierno español en 2012, vía Ley de Acompañamiento a los Presupuestos (para ser más puntillosos: Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre), hace recaer el pago de ese canon en todos los ciudadanos del país a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El canon AEDE. Aparecido por primera vez en el texto del Anteproyecto de febrero de 2014, especifica que la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica, ha de estar siempre sujeta a autorización y estableciéndose que no será precisa esa autorización para “la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”, pero estableciéndose en este caso una compensación equitativa que se impone a dichos agregadores de contenidos. La respuesta de Google no se hizo esperar y el 16 de diciembre de 2014 cerró su servicio Google News en España (de ahí el nombre popular de “tasa Google”). Aún está por ver si el canon afectará también a aquellas webs donde son los propios usuarios los que agregan noticias.

Todo esto mientras el Tribunal de Justicia de Unión Europea ha dictado recientemente una resolución, de fecha 21 de octubre de 2014 (asunto C-348/13, BestWater), por la que establece que el simple hecho de incluir en una página web el enlace a un vídeo de libre acceso publicado en otra página, no vulnera los derechos de autor sobre dicho video.

Algo similar afecta al mundo académico, se obliga a las universidades a pagar a CEDRO (entidad de gestión de libros) por usar textos y/o manuales en los campus virtuales. De la misma forma que el canon AEDE, este derecho es irrenunciable. Se da la paradoja que muchos contenidos utilizados por universidades se encuentran bajo licencia creative commons, pero el canon se seguirá devengando.

A raíz de estas medidas y para evitar otro caso sonado como el que afectó a la SGAE, la nueva LPI también aumenta el control y obligaciones de transparencia de las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual. Así, se recoge de forma detallada y sistemática el catálogo de obligaciones de las entidades de gestión para con las Administraciones Públicas y respecto a sus asociados, con especial atención a aquellas relacionadas con la rendición anual de cuentas. Además se prevén infracciones de leves a muy graves, con multas de hasta 800.000 euros para las entidades que incumplan lo dispuesto en esta ley.

En la lucha contra la piratería se alcanzan ahora aquellas páginas que facilitan el acceso a webs con contenido no autorizado, mediante la gestión y organización de enlaces; también afectará a los intermediarios, anunciantes o servicios de pago que colaboren con estas webs. Se excluyen expresamente los servicios de los motores de búsqueda.

Serán responsables no solo quienes lleven a cabo la conducta infractora, sino quien coopere con la misma, conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre ella. Las sanciones máximas alcanzarán los 600.000 euros.

Se permite la identificación de un prestador de servicios de la sociedad de la información e incluso de uno de sus usuarios, cuando hay indicios de infracción de derechos de la propiedad intelectual o industrial. El titular podrá pedir al Juez que requiera dicha información a los prestadores de servicios de pagos electrónicos o de publicidad, para identificar al infractor.

También se ve reducido el concepto de copia privada, que se configura de forma física, no teniendo en cuenta algunos formatos puramente digitales.

Por último destacar que la ya vigente reforma solo introduce algunas medidas, y se establece un plazo de un año para iniciar una nueva reforma por parte del Gobierno.