Si un menor se traslada a España, ¿pueden los tribunales españoles modificar las medidas de familia dictadas en otro país europeo?

Los conflictos derivados de un divorcio entre español y extranjero en España, u otras situaciones análogas con elemento internacional, pueden llevar a dificultades relacionadas con la competencia judicial cuando los antiguos cónyuges se establecen en diferentes países. Si las medidas relativas a los hijos menores son un foco habitual de desavenencias, ¿qué sucede cuando se trata de un menor para el que se determinaron medidas en su país anterior de residencia, pero que ahora se ha trasladado a España?

En el caso de que las medidas existentes fueran decretadas en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE), la amplia regulación existente sienta las bases para una resolución clara de los conflictos competenciales que puedan surgir en este ámbito. Aun así, siempre pueden surgir casos de alta complejidad como el que hizo pronunciarse al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en febrero del pasado año 2017.

Se trataba de una pareja formada por un ciudadano lituano y una ciudadana neerlandesa que formalizaron su divorcio en Canadá. La justicia canadiense había otorgado la custodia de su hijo en común a la madre, que regresó a los Países Bajos a vivir con el menor. No obstante, ni los tribunales lituanos ni los neerlandeses reconocieron esta sentencia de Canadá. La justicia lituana emitió una sentencia con medidas de manutención y visitas que fue apelada sin éxito por el padre. Al año siguiente se pronunció la justicia neerlandesa, que establecía una pensión de alimentos diferente, ignorando ambos países lo determinado por el otro.

Por ello, el padre reclamó a los tribunales de Lituania que reconocieran las medidas posteriores establecidas en los Países Bajos, pese a que el fallo lituano era ya definitivo. La justicia del país báltico terminó por elevar el asunto al TJUE. La sentencia de este órgano sienta un interesante precedente al establecer cómo deben interpretarse en este contexto los reglamentos europeos en materia de competencia, ejecución y resoluciones en materia de responsabilidad parental [Reglamento (CE) 2201/2003] y en materia de obligaciones de alimentos [Reglamento (CE) 4/2009].

La sentencia del TJUE indica que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que han adoptado una resolución firme en materia de responsabilidad parental y de obligaciones de alimentos en lo que respecta a un menor de edad no siguen siendo competentes para conocer de una demanda de modificación de las medidas establecidas en esa resolución en el caso de que la residencia habitual del menor esté situada en el territorio de otro Estado miembro. Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de esa demanda son los órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro.

De esta manera, en el caso del que se trataba, se negó la competencia de los tribunales lituanos para tomar ninguna decisión sobre la aplicación o no de las medidas posteriormente decretadas en los Países Bajos, puesto que era la propia justicia neerlandesa la única competente para resolver este asunto al tratarse del lugar donde reside habitualmente el menor.

En definitiva, desde ICN LEGAL destacamos que esta sentencia establece la capacidad de los tribunales españoles para decidir sobre una posible modificación de las medidas previamente dictadas en otro país de la UE cuando afecten a un menor que actualmente tenga establecido su lugar de residencia en nuestro país.

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