¿Hasta cuándo debe abonarse la pensión de alimentos?

El abono de la pensión de alimentos a favor de los hijos es una fuente de conflicto no poco común entre antiguos cónyuges, también en los casos de divorcio entre español y extranjero en España. Son diversos los aspectos que pueden suscitar polémicas o como mínimo dudas en alguna de las partes implicadas, y merece la pena aproximarse a la base legislativa existente al respecto antes de entrar a valorar cualquier caso específico.

Hoy vamos a analizar uno de esos apartados: dónde se sitúa el final de la obligación de pagar la pensión. ¿Implica la mayoría de edad de los hijos el cese de esta responsabilidad? ¿Qué otros criterios pueden existir? Para comenzar a desentrañar estas cuestiones, podemos remitirnos al Código Civil, que aborda los alimentos en el título VI de su libro I.

En el articulado no se establece un criterio temporal para la finalización de la prestación, y se desprende que esta debe prolongarse mientras el beneficiario no sea autosuficiente económicamente. Así, el cumplir los 18 años es irrelevante a estos efectos. Sin embargo, en el artículo 152, junto con el citado criterio de independencia económica, se recogen otras posibles razones para el cese de esta obligación.

Además de la hipotética muerte del beneficiario o la posibilidad de una situación en la que el progenitor carezca de toda capacidad económica para hacer frente a los pagos, existen otros dos criterios vinculados directamente al alimentista o receptor de la pensión y que pueden estar sujetos a interpretaciones.

El primero es la comisión de “alguna falta de las que dan lugar a la desheredación”, y el segundo es el caso de que sus necesidades provengan de “mala conducta o de falta de aplicación al trabajo”. De este modo, queda abierta una puerta a que el progenitor pueda solicitar la extinción de la pensión de alimentos, para lo cual no obstante será necesario acudir a los tribunales y probar que se cumple alguna de las condiciones previstas.

Así, a lo largo de los últimos años se han sucedido varias sentencias que dan la razón a los progenitores que solicitan el cese, generalmente cuando se considera que queda de manifiesto una situación en la que el hijo no cursa estudios, ni trabaja –con ingresos suficientes–, ni busca activamente un empleo.

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