Una resolución judicial condenatoria dictada en un Estado miembro podrá ser ejecutada en otro. Dos proyectos de ley orgánica y un proyecto de ley han sido aprobados para adaptar la legislación española a las normas europeas para posibilitar el intercambio de información de antecedentes penales y transmitirse y ejecutarse resoluciones penales dentro del ámbito de la Unión Europea. Con estas normas se permite dar un impulso importante a la cooperación judicial penal de los jueces y tribunales españoles con los del resto de países de la Unión Europea. Se destaca también la importancia de la orden europea de protección. La misma permite que las medidas de protección adoptadas a favor de una víctima o posible víctima de un delito que se encuentra en peligro la acompañen en cualquier lugar del territorio europeo al que se desplace.