Equiparación entre residentes y no residentes en el trato fiscal de donaciones y sucesiones

El 3 de Septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba sentencia sobre el asunto C-127/12, referente a un incumplimiento por parte de España de las obligaciones contraídas en virtud del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En lo que afecta a este asunto, el artículo 63 prohíbe a los estados tomar medidas que restrinjan los movimientos de capitales entre estados miembros, así como entre estados miembros y terceros estados.

La decisión gira en torno al impuesto de sucesiones y donaciones. Nuestra ley estatal permite a las Comunidades Autónomas establecer reducciones fiscales, aplicables en caso de conexión exclusiva con el territorio de cada Comunidad. Como consecuencia, si en la sucesión o la donación interviene un causahabiente, donatario o causante que no resida en territorio español, o el inmueble objeto de la sucesión o donación esta fuera de territorio español, el acto jurídico no puede beneficiarse de dichas reducciones.

Mediante esta sentencia, el tribunal apreció discriminación al introducir diferencias en el trato fiscal de donaciones y sucesiones entre residentes y no residentes, así como entre donaciones y disposiciones similares de inmuebles sitos dentro y fuera de España.

Al depender las citadas reducciones de la conexión exclusiva con el territorio, se aplicaba una mayor carga fiscal a aquellos casos en que el sujeto no era residente o el bien se encontraba en otro territorio, suponiendo a juicio del TJUE un trato discriminatorio y un obstáculo a la libre circulación de capitales.

A modo de ejemplo consideremos una herencia cuyo causante reside en Cataluña, sólo los beneficiarios residentes en Cataluña podrían aplicar la reducción a la base imponible. Si alguno de los beneficiarios reside en la UE, pero fuera de España, no podrá aplicar la reducción y tendrá que soportar una carga fiscal superior a la del resto.

Tras la declaración del incumplimiento por parte de España, se publicó la Ley 26/2014 para acatar el fallo del TJUE, igualando el trato de los residentes en territorio español con el de los residentes de territorios de la UE y del Espacio Económico Europeo.

Siguiendo con el ejemplo anterior, a todos los beneficiarios se les aplicaría el régimen de Cataluña, por ser de allí residente el causante. En cuanto a transmisiones inter vivos, se aplicará el régimen de la CCAA en que estén situados (caso de ser inmuebles) o donde hubieren estado situados en los cinco años anteriores (caso de ser muebles).

Por último, con la sentencia del TJUE se abre la posibilidad de solicitar la rectificación de las autoliquidaciones dentro del plazo de prescripción (4 años), así como instar la responsabilidad patrimonial del estado en plazo de un año desde la publicación de la sentencia.

Si alguna de las operaciones que hemos realizado en los últimos años cabe dentro de los casos descritos, vale la pena revisarla a fin de beneficiarnos de la corrección realizada por nuestro legislador.

931 596 272