El Tribunal Supremo deniega la inscripción en el Registro Civil Español de dos menores

Ésa ha sido la respuesta del Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 6 de febrero de 2014, al recurso de casación llevado a cabo por un matrimonio formado por dos varones españoles, que habían solicitado en el Registro Civil Consular de Los Ángeles (California) la inscripción de nacimiento de dos hijos, que habían nacido en 2008 a través de gestación por sustitución, es decir, a través de un vientre de alquiler.

La ley española, prohíbe explícitamente este tipo de prácticas, en el artículo 10 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida,  por esa razón, el encargado del Registro Civil Consular denegó la inscripción, utilizando el artículo 85, que requiere que el documento tenga garantías análogas a la Ley Española.

Después de un recurso que la Dirección General de Registros y Notariado estimó, ordenando la inscripción de los menores y valorando que no había vulneración al orden público, el Ministerio Fiscal presentó una demanda impugnando dicha resolución, que fue estimada y después confirmada por la Audiencia Provincial, y ahora ha sido confirmada también por el Tribunal Supremo.

La valoración de la Sala ha sido polémica y controvertida, incluso contando con un voto particular en contra al que se han adherido varios de los magistrados del tribunal. La valoración que hace se basa en tres puntos, que la maternidad subrogada, o gestación por sustitución, es contraria al orden público español, que no hay discriminación en contra de los matrimonios formados por dos varones y que el interés superior del menor sirve para interpretar la ley, pero no puede ir en contra de la misma.

En cuanto al orden público, se afirma que este tipo de maternidad está en contra de los principios y valores que encarnan el orden público internacional de España, y que estas técnicas de reproducción vulneran la dignidad de la mujer gestante y del niño, creando un mercado que considera peligroso y que “cosifica”  a ambos.

Sobre este  punto, el voto particular, opina que las leyes de los EEUU tienen suficientes garantías judiciales como para no permitir esa vulneración a los derechos a los que hace referencia la Sala.

Sobre el argumento, que habían utilizado los recurrentes, de que había discriminación en contra del colectivo homosexual masculino, la Sala entiende que la causa de la denegación no tiene que ver con el género de los padres, ni su identidad sexual, sino que tiene que ver con la causa de la filiación que es ilegal en España.

En cuanto a la satisfacción o no del interés del menor, las interpretaciones son muy diferentes, pues la Sala también pondera el respeto a la integridad moral de la mujer gestante.

En cambio, el voto particular, defiende este interés argumentando que se coloca a los menores en un “limbo jurídico incierto”, mientras éstos crecen y hacen vida con su nueva familia.

Independientemente del debate jurídico, los perjudicados en todo esto parece ser que son los menores, quienes habiendo nacido en 2008, aún no han podido ser inscritos en el Registro Civil español, por lo que su situación jurídica es muy complicada.

Conociendo esa situación, en la sentencia, la Sala insta al Ministerio Fiscal a que busque una solución a estos menores, ya sea la adopción o cualquier otra vía legal en España, para que puedan ser registrados y tener plenos derechos en el territorio nacional.

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