El nuevo significado del "interés superior del menor"

El pasado 12 de agosto entró en vigor la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, casi 20 años después de la publicación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. La presente Ley trata de adaptar nuestras leyes a la reciente jurisprudencia y los tratados internacionales, a la vez que busca clarificar su contenido y aumentar las garantías en la protección de los menores.

También introduce modificaciones que afectan a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, así como a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Siguiendo el mandato del artículo 39 de la Constitución, los poderes públicos tienen la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. La LO 8/2015 pretende dar respuesta a los cambios que ha experimentado nuestra sociedad a la vez que prepara el terreno para la futura Ley del menor, modificando aquellos puntos que, por afectar a derechos fundamentales, requieren de su tramitación mediante ley orgánica.

Una de las novedades más importantes y objetivo primordial de esta norma, es dar concreción al concepto de “interés superior del menor”, a la vez que se eleva dicho interés a principio interpretativo. Este desarrollo obedece a la recomendación de la ONU en 2013.

El “interés superior del menor” pasa a tener una triple consideración,

  • Es un derecho sustantivo. Los intereses del menor deberán ser evaluados y ponderados con los demás intereses en conflicto cuando se pretenda llegar a una solución que concierna al menor.
  • Es un principio interpretativo. Cuando quepan diversas interpretaciones de una misma disposición jurídica, se deberá optar por la que favorezca dicho interés del menor.
  • Por último, es una norma de procedimiento.

En cuanto a las garantías procesales de los menores, se ha desarrollado el derecho fundamental del menor a ser oído y escuchado. Así, el menor tendrá dicho derecho sin discriminación por razón de edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, en los procedimientos en que esté afectado, ya sean de familia, administrativos, judiciales o de mediación.

Se mantiene en doce años la edad a partir de la que necesariamente se habrá de escuchar al menor, pero se sustituye el término “juicio” por el de “madurez”, por ajustarse mejor al lenguaje jurídico y forense de los tratados internacionales ratificados por España en materia de menores.

Los menores de edad podrán también plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo, así como solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial.

Otra importante novedad es la regulación del ingreso de menores en centros de protección a la infancia. Estos centros están orientados a la protección de menores con problemas de conducta que requieren una intervención especializada. Mediante el capítulo IV del título II, se regula y limita la utilización de medidas de seguridad, la restricción de libertades o derechos fundamentales, así como las actuaciones e intervenciones que se lleven a cabo en estos centros.

El objetivo de los citados centros es proporcionar a los menores un marco adecuado para la educación, la normalización de su conducta y el desarrollo de su personalidad. El ingreso del menor se llevará a cabo por solicitud de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal, bajo control judicial, pues será necesaria la previa autorización del Juez de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública, salvo casos de urgencia.

En cuanto a violencia de género, se reconoce expresamente a los menores de edad como víctimas. La justificación de este reconocimiento la encontramos en las múltiples formas en que este tipo de violencia afecta a los menores. Al presentarse habitualmente dentro del entorno familiar, se daña el bienestar y el desarrollo de los menores de edad, que en ocasiones llegan a ser utilizados como instrumento de dominio y violencia sobre la mujer.

Se pretende hacer hincapié en la obligación de los Jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares y de aseguramiento, en especial las medidas que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia.

Esperemos que con la aplicación de esta Ley los menores estén protegidos como merecen, al tratarse de seres más débiles e indefensos.

Isabel Núñez (@Isabelnuma)
Socia de ICN LEGAL (@ICNlegal)

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