Derecho al olvido

El demandante, de nacionalidad española, presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) una reclamación contra el periódico “La Vanguardia”, y contra Google Spain y Inc. La reclamación se basaba en que cuando se introducía en el buscador el nombre del demandante, aparecían contenidos emitidos por “La Vanguardia” en relación a un embargo al demandante.

El demandante solicitaba, por una parte que La Vanguardia eliminara la información para que no apareciesen esos datos personales, y que Google eliminaran u ocultaran los mismos, argumentando que el embargo estaba solucionado y que carecía de relevancia actual.

La AEPD, decidió desestimar la medida en relación a La Vanguardia, ya que la publicación estaba legitimada, pero no obstante la estimó en cuanto a Google, argumentando que tenían que retirarse ciertos datos cuando lesionaran los derechos de las personas.  Posteriormente, Google recurrió a la Audiencia Nacional, que planteó una cuestión al TJUE, que ha respondido con esta sentencia.

En primer lugar, dicha sentencia de 13 de mayo de 2014, basándose en la directiva 95/46 de protección de datos, afirma que la actividad de un motor de búsqueda debe calificarse de “tratamiento de datos personales” cuando la información contenga datos personales, y que es responsable del tratamiento de estos datos que lleva a cabo.

Posteriormente, ante la pregunta de si se debe entender que Google Spain es un establecimiento y por lo tanto está sujeto a la legislación del Estado Miembro, el tribunal afirma que así es, porque aunque Google Spain no realiza el tratamiento de datos, sus actividades se llevan a cabo en el mismo “marco”, que es la principal exigencia de la directiva en este sentido.

Posteriormente, y en lo respectivo al aspecto más importante de la sentencia, el TJUE considera que en determinadas ocasiones, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados, los enlaces que tengan información personal, incluso aunque, como es el caso, no se elimine dicha información y ésta sea legal y verídica.

El tribunal argumenta, para tomar esta decisión, que un tratamiento de datos personales como el llevado a cabo en el caso, puede afectar a los derechos fundamentales de la persona en el sentido de que la búsqueda se lleva a cabo con el nombre de esa persona, con lo que cualquier internauta puede obtener una visión de la información relativa a esa persona, que de otra manera no estarían interconectadas, lo que considera muy importante, debido al papel de las nuevas tecnologías.

Y por último, en cuanto al “derecho al olvido”, que es el derecho de una persona a exigir la eliminación de algunos datos en algunas ocasiones, el tribunal español preguntaba si era posible que el interesado exigiera la eliminación de estos datos al gestor de un motor de búsquedas en un caso como el presente. La respuesta del TJUE, pese a que casi todos los gobiernos presentes argumentaran en contra, es que no es necesario que los datos sean inexactos, sino que basta con que sean “inadecuados, no pertinentes y excesivos, que no estén actualizados, o que se conserven durante un período superior al necesario”.

Esta sentencia, que ha sido muy bien recibida por la AEPD, supone una nueva e importante interpretación de lo que es lo que se ha llamado el “derecho al olvido”, que es la posibilidad de los ciudadanos de cancelar una información dañina e inadecuada en Internet. Ya que permite a los ciudadanos dirigirse directamente al gestor del motor de búsqueda (en este caso Google),  para que deje de difundir datos o informaciones personales lesivas.