Claves del reglamento sucesorio europeo

Una de las novedades legislativas más relevantes de los últimos tiempos para nuestra actividad como abogados de herencias internacionales es el Reglamento 650/2012 de la Unión Europea (UE), que introdujo por primera vez un marco de alcance comunitario para el derecho sucesorio por causa de muerte. El documento entró en vigor en agosto de 2015 para todos los países de la UE excepto Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En este artículo queremos repasar algunas de las implicaciones que son clave dentro del citado reglamento.
 
El objetivo fundamental de este reglamento es el de establecer un criterio claro para determinar cuál es la ley nacional aplicable a un proceso de sucesión. Por defecto, se establece que cada sucesión habrá de regirse por la legislación propia del lugar de residencia habitual del fallecido en el momento de su muerte. En este sentido, cabe resaltar que el reglamento es de aplicación universal; es decir, que esta condición sigue vigente para todo ciudadano que resida dentro del territorio de la UE, aunque dicha persona sea nacional de un Estado no miembro.
 
No obstante, el texto también contempla lo que se conoce como professio iuris: la posibilidad de que el ciudadano elija la ley que se debe aplicar a su futura herencia, pudiendo en este caso estipular que sea la de su país de nacionalidad en lugar de la del país de residencia, aunque dicha ley elegida no sea la de un Estado miembro. Se trata de una elección que, a su vez, determinará la planificación que el interesado pueda hacer de su testamento.
 
Resulta interesante detenerse en el ámbito de aplicación: el reglamento hace hincapié en que la ley nacional que se determine como aplicable “regirá la totalidad de la sucesión”. De esta manera, se aplicarán unos únicos criterios sin importar que los bienes del fallecido o los propios beneficiarios de la herencia puedan encontrarse repartidos por distintos países. Eso sí, se contempla la aplicación de posibles restricciones establecidas por disposiciones especiales de las leyes de los Estados en los que se encuentren situados bienes inmuebles, empresas u otras categorías especiales de bienes.
 
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