Una aproximación a la sustracción internacional de menores

Los casos de sustracción internacional de menores, que han estado en el candelero en los últimos meses, presentan una complejidad intrínseca que hace que merezca la pena repasar algunas claves legales al respecto, más aún en una sociedad globalizada en la que cada vez se producen más movimientos migratorios y matrimonios entre personas de distintas nacionalidades.

En primer lugar, hemos de recordar cuándo podemos hablar en estos términos. Se consideran sustracción internacional aquellos casos en los que un menor de 16 años sea trasladado a un Estado distinto del de su residencia, o retenido en el mismo, por parte de uno de sus progenitores sin consentimiento del otro y sin autorización judicial. Un movimiento de estas características está tipificado como delito en el artículo 225 bis del Código Penal español, como una forma agravada de la sustracción de menores. Las penas previstas son de tres a cuatro años de prisión y de siete a diez años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.
 

Prevención y actuación en casos de sustracción internacional de menores

 
A su vez, el Código Civil español incluye en su artículo 158 una serie de medidas preventivas que se pueden solicitar a los juzgados en aquellos casos en los que se considere que existe un riesgo de sustracción, es decir, cuando uno de los padres tiene el temor fundado que el otro progenitor va a sustraer o retener al niño. Estas abarcan la prohibición de salida de España y la prohibición de expedición del pasaporte del menor –o su retirada en caso de que ya se expidiera previamente–, así como supeditar a autorización judicial de cualquier cambio de domicilio. Dichas medidas deben ser presentadas con representación de Procurador y asistencia de Abogado.
 
Pero, ¿cómo se puede actuar cuando la sustracción pueda haberse consumado? Cabe recordar que en hasta 90 Estados está en vigor el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, del que es parte España.  Este instrumento internacional establece un sistema para iniciar la restitución del menor al progenitor custodio.  Si, por el contrario, el país en cuestión no es firmante del Convenio, será necesario litigar directamente ante sus propias instituciones. Para ambos supuestos, la intervención de un abogado experto en derecho de familia internacional es vital para la resolución exitosa del caso.
 
El bagaje que poseemos en ICN LEGAL en el ámbito del derecho de familia internacional, una gran especialidad para nosotros, nos habilita para ofrecer una asistencia jurídica pormenorizada y de calidad a las personas que se hayan visto afectadas por la sustracción de sus hijos o su retención en un país extranjero.
 

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